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viernes, 17 de junio de 2011

Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales


Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

El presente real decreto aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores en cuanto colaboradores relevantes de la administración de justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Para alcanzar el objetivo de una capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación en la excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un periodo de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.
Con anterioridad a la celebración de la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional los Ministerios de Justicia y Educación, en colaboración con las comunidades autónomas, el Consejo de Universidades, el Consejo General de la Abogacía de España y el Consejo General de Procuradores de España, desarrollarán pruebas piloto de carácter orientativo cuyo contenido y resultados serán libremente accesibles por medios electrónicos.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día que la Ley 34/2006, de 30 de octubre.

Fuente: BOE

martes, 14 de junio de 2011

Registro Civil Único para toda España


El Proyecto de Ley de Registro Civil que, el pasado 4 de mayo, aprobó por unanimidad la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para su remisión al Senado, supone una completa transformación del actual sistema registral en España, que es del año 1957, sustituyéndolo por un modelo de Registro Civil electrónico con una base de datos única para toda España, adaptado a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los usuarios.

El nuevo modelo de Registro Civil se inspira en los valores constitucionales y, muy especialmente, en el principio de igualdad entre hombres y mujeres: suprime la regla subsidiaria que confiere prevalencia del apellido paterno en caso de desacuerdo entre los progenitores; pone fin a la diferencia de trato entre hijos matrimoniales y no matrimoniales y reconoce el derecho al cambio de apellidos a las víctimas de violencia de género y a sus descendientes.

Orden de los apellidos

En el proceso de tramitación parlamentaria, los grupos parlamentarios han realizado y estudiado distintas propuestas, hasta concluir, por unanimidad, en que la última decisión, en caso de desacuerdo, la adopte el encargado del Registro Civil, atendiendo al interés superior del menor. Esta fórmula es similar a la que se aplica en otros ordenamientos europeos con Alemania o Suiza y elimina de nuestro ordenamiento una regla discriminatoria con las mujeres.

El nuevo modelo basado en la persona

Con el nuevo modelo, el ciudadano podrá solicitar por medios electrónicos la información que obra en el Registro. También se podrá proceder a la inscripción telemática con independencia del lugar donde se produzca el hecho inscribible.

El Registro Civil único pasa a ser un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Justicia. Actualmente, cada Registro Civil está a cargo de un juez y con el nuevo modelo se descarga a los órganos judiciales de tareas que son de naturaleza administrativa, permitiendo a los jueces dedicar más tiempo a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Más eficacia y comodidad

Se impone la comunicación directa del Registro Civil con las Administraciones Públicas y se facilita el acceso de los funcionarios públicos al contenido del Registro Civil para el desempeño de sus funciones.

Los documentos judiciales no serán aportados por los interesados. Los juzgados y tribunales remitirán de oficio testimonio de las resoluciones que contengan extremos con acceso al Registro Civil.

Fuente: cgpe