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lunes, 24 de noviembre de 2008

La UE creará un sistema coordinado contra la ciberdelincuencia


El mecanismo consistirá en plataformas nacionales en las que se recogerán las denuncias e investigaciones, que se comunicarán con una plataforma a nivel europeo coordinada por Europol, la oficina europea de policía, indica un texto de conclusiones aprobado por el Consejo de Ministros comunitario.
El secretario de Estado de Seguridad español, Antonio Camacho, señaló que internet es un escenario creciente para la acción de los criminales, y dijo que entre 2003 y 2007 el número de delitos en la red que investigan las autoridades españolas ha aumentado en un 700 por ciento. "La creación de esta plataforma permitirá ser más efectivos en la lucha contra la delincuencia", afirmó. La Comisión Europea (CE) destinará 300.000 euros para ayudar a algunos países comunitarios a poner en marcha este proyecto, anunció el comisario de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, quien insistió en que "la lucha contra el material de internet que muestra abuso sexual de niños es una prioridad absoluta" para Bruselas.

Fuente: Noticias EFE

viernes, 21 de noviembre de 2008

Historia del Colegio de Procuradores de Albacete (1ª parte)


La constitución del Colegio de Procuradores de Albacete se debió a dos hechos fundamentales: la creación de la Real Audiencia de Albacete (posterior Audiencia Territorial) mediante decreto de 26 de enero de 1834; y la promulgación de la Ley provisional de Enjuiciamiento Civil de 1870. Se desconoce la fecha exacta de creación del Colegio, pero se ha podido encontrar en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, copia de lo que pensamos son los Primeros Estatutos del Colegio de Procuradores de fecha 28 de enero de 1898 y del Expediente para su aprobación por la Audiencia con fecha 10 de noviembre de 1897.
En el año 1955 se deroga los primeros Estatutos y entran en vigor los que han de regir a partir del 8 de octubre de 1955, siendo Decano Don Francisco Sánchez Silva y Secretario Don Federico Poveda.
En el Colegio tenemos copia de esos primeros estatutos en su redacción original, otra en una edición posterior de 1904 y otra en acta manuscrita de 1948 así como alguna de las primeras ediciones, sin fecha, de los mencionados estatutos de 1955.
Como documentación antigua interesante o al menos curiosa, tenemos numerosos escritos de procuradores de los partidos judiciales en los que solicitan en el año 1948 su inscripción en el Colegio con motivo de lo establecido en el “Estatuto General de Procuradores” con el correspondiente certificado de los secretarios de juzgados, varios carnés y fotografías de colegidos de los años cincuenta, una foto en conjunto de casi todo el colectivo en esas fechas y ejemplares de una edición de aranceles de 1911 y unos almanaques judiciales de 1931 y 1935.
De los archivos anteriores a la Guerra Civil no se ha conservado nada en nuestro colegio, fueron destruidos en el transcurso de la Guerra debido a que Albacete fue zona de paso de contingentes y sede de Brigadas Internacionales. Durante la guerra se incautaron el Colegio de Procuradores y el de Abogados.
A partir del año 40 nuestro colegio tiene su sede en la propia Audiencia, en la planta baja del edificio de estilo griego del arquitecto de Albacete Francisco Jareño que en el año 1860 sustituyó al del antiguo convento de San Agustín en el que se había instalado la Audiencia Territorial desde su fundación en el año 1834.
Según el cronista Albaceteño Don Francisco Fuster en su publicación sobre la Audiencia Territorial de Albacete, sus primeros años de historia fueron muy azarosos por la intranquilidad del territorio, constantemente amenazado por las facciones carlistas. Esto hizo que, en determinadas ocasiones, el Tribunal tuviera que establecerse en poblaciones consideradas más seguras (Murcia, Peñas de San Pedro, Cartagena) aunque sin perder nunca su titularidad de Audiencia de Albacete, lo que originó gran pérdida de documentación histórica.
Fuente: Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Albacete

martes, 11 de noviembre de 2008

Legislación sobre Justicia Gratuita

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita, BOE de 12 de enero de 1996: http://www.cgpe.es/asistencia.aspx?doc=LeyJusticiaGratuita.xml

Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, BOE de 24 de septiembre de 1996: http://www.cgpe.es/asistencia.aspx?doc=ReglamentoJG.xml

Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, publicado en el BOE de 2 de diciembre de 2000: http://www.cgpe.es/asistencia.aspx?doc=rd1949-2000.xml

Real Decreto 1162/2001, de 26 de octubre, por el que se modifica el artículo 29 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado en el BOE de 27 de octubre de 2001: http://www.cgpe.es/asistencia.aspx?doc=rd1162-2001.xml

jueves, 6 de noviembre de 2008

Funcionamiento del sistema de Justicia Gratuita


¿En qué consiste la Asistencia Jurídica Gratuita?
En una serie de prestaciones que se facilitan a todas las personas que acreditan que no tienen recursos suficientes para litigar (pleitear, disputar en un juicio), y son parte en uno o pretenden iniciarlo.
¿Quiénes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita?
Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residen legalmente en España, siempre que acreditan insuficiencia de recursos para litigar.
Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Las asociaciones de utilidad pública, y las fundaciones inscritas en el Registro administrativo correspondiente cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
En el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
En el orden jurisdiccional penal, tendrán derecho a la asistencia letrada (de un abogado) y a la defensa y representación gratuitas, los ciudadanos extranjeros que acrediten recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.
En el orden contencioso administrativo y en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procesos relativos a su solicitud de asilo.
¿Cuándo se estima insuficiencia de recursos económicos?
En el caso de una persona física, cuando sus ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Si se trata de una persona jurídica, cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades es inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
¿Dónde se solicita la asistencia jurídica gratuita?
El interesado tiene que presentar un modelo normalizado de solicitud en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados del lugar en que esté el Juzgado o Tribunal en el que se celebre el proceso principal, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se hubiera iniciado
Este impreso se facilita en las dependencias judiciales, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las Comisiones de Asistencia Gratuita
¿Qué prestaciones comprende la asistencia jurídica gratuita?
En líneas generales son:
Asesoramiento y orientación gratuitos anteriores al proceso.
Asistencia de abogado al detenido o preso sin que lo haya nombrado: para cualquier trámite policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso, o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo mediante auxilio judicial y el detenido o preso no haya designado un abogado en el lugar donde se preste.
Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o, cuando no siéndolo, sea expresamente solicitada por el Juzgado o Tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso
Liberación del pago de los depósitos necesarios para la interposición de recursos.
Asistencia Pericial (de un perito) gratuita en el proceso.
Obtención de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el art.130 del Reglamento Notarial
Reducción del 80% de los derechos arancelarios de otorgamiento de escrituras públicas y obtención de copias y testimonios notariales no contemplados anteriormente, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial del mismo, o sirvan para que el beneficiario solicite la justicia gratuita.
Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registro de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial del mismo, o sirvan para que el beneficiario solicite la justicia gratuita.